Fuente: El Progreso
La semana pasada, la Xunta publicó una resolución que le permite, por lo menos en principio, penalizar a los ayuntamientos que no están pagando el recibo o que solo están abonando una parte del mismo, sin asumir la subida del 34%. El sistema para cobrar lo que le deben a Sogama ya lo había anunciado el Gobierno autonómico el año pasado cuando adelantó la subida del coste del tratamiento de basuras. En aquel momento, ya dijo que el que no pagase por las buenas, lo haría por las malas, viendo mermadas las ayudas del Fondo de Cooperación Local, una de las principales vías de financiación de los ayuntamientos. Sin embargo, durante meses, hubo una situación excepcional, en la que cada alcalde actuó a su libre albedrío, aunque un grupo de nacionalistas y socialistas se unieron en un colectivo disidente que tuvo cierto eco en los medios de comunicación.
En el caso de la provincia de Lugo, los ayuntamientos que corren el riesgo de ver cómo la Xunta les cierra todavía más el grifo son los socialistas de A Pontenova, A Fonsagrada, Castroverde, Navia de Suarna, Becerreá, Cervantes y Pedrafita, así como los nacionalistas de Riotorto, Monforte de Lemos y A Pobra do Brollón.
SI CADA vez que tiramos algo que nos sobra a la bolsa de la basura pensásemos en lo difícil que es deshacerse de ello y, sobre todo, en lo que cuesta, seríamos un poco más ecológicos y también nos pararíamos a meditar por qué los recibos del servicio son tan elevados. Es un tema complicado que preocupa a todos, que va al bolsillo de los ciudadanos y que, por lo tanto, no pasa desapercibido para los políticos. Lo utilizan cada vez que tienen ocasión, convirtiéndolo en un auténtico culebrón cuyo próximo capítulo lo adelantó la semana pasada el presidente de la Diputación. José Ramón Gómez Besteiro anunció, entre los primeros 17 proyectos financiados por los presupuestos del año 2015, la creación de una alternativa a Sogama para el tratamiento de la basura de los ayuntamientos lucenses, un proyecto ambicioso que va a traer cola.
El equipo de Besteiro asegura que la idea de buscar un sistema para el tratamiento de los residuos surgió en las reuniones organizadas con los vecinos durante el último medio año para elaborar los presupuestos participativos. En esas asambleas, quedó constancia documental de que una de las principales quejas vecinales era el recibo de la basura y la necesidad de buscar un sistema que permitiese abaratarlo. El proyecto, además, se enmarca en una línea política que Besteiro ha defendido desde su llegada a la presidencia de la Diputación, la de defender el medio ambiente y, al mismo tiempo, utilizarlo como generador de riqueza económica, sin olvidarse de la creación de empleo.
Teniendo como punto de partida la búsqueda de un método de tratamiento más económico y, al mismo tiempo, más ecológico, el equipo de la Diputación lleva tiempo buscando un sistema innovador para los residuos. En principio, parten de la idea de que la planta que Sogama tiene en Cerceda está ya obsoleta y están estudiando distintos sistemas que resulten más respetuosos con el medio ambiente. Entre las cuestiones que tienen claro está que, en ningún caso, se recurriría a la incineración de las basuras, un sistema que consideran que está superado, ya que las innovaciones tecnológicas permiten alternativas.
Por el momento, no hay nada definitivo, pero se están celebrando reuniones con técnicos y el compromiso de Gómez Besteiro, anunciado a bombo y platillo, parece que no tiene marcha atrás, aunque suponga asumir un proyecto costoso sin ayuda de la Xunta, como ya está haciendo con el centro de recría de la granja Gayoso Castro.
El proyecto está realmente en pañales, pero los que rodean a Besteiro reconocen que la idea tiene que empezar a materializarse lo antes posible, porque los ayuntamientos socialistas y nacionalistas que se negaron a asumir, desde el pasado mes de marzo, la subida del 34% del canon de Sogama están a punto de ver sus ingresos heridos de gravedad.
La Diputación no tiene demasiado tiempo para tomar una decisión y ponerse manos a la obra, porque, una vez decidido el sistema, habrá que buscar terrenos adecuados, elaborar el proyecto y después ejecutarlo. Serán muchos meses antes de que la planta que construya la Diputación sea una realidad y la Xunta no va a esperar para que Sogama cobre lo que legalmente le deben, por lo que la polémica está servida y los ayuntamientos díscolos, que por su parte no van a tirar la toalla, podrían sufrir problemas de liquidez si ven más reducidos todavía sus ingresos procedentes del Gobierno gallego.
(Publicado en la edición impresa el 28 de diciembre de 2014)
