Anuncian la ocupación de fincas para la línea de alta tensión de Pesoz, que conectará Asturias con Galicia.

Si a principios de mes la asociación Camín Grande, que representa a afectados asturianos y gallegos por la línea de alta tensión Boimente-Pesoz, criticaba a la Xunta y al Principado por no responder a los escritos vecinales, ayer, la Delegación del Gobierno en Asturias convocaba el levantamiento de actas previas a la ocupación de varias fincas afectadas por la construcción de la línea eléctrica Pesoz-Salas, de 400 kilovoltios, la primera fase del proyecto que conectará Galicia con el centro de Asturias a través de una línea y de varias subestaciones.

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Si a principios de mes la asociación Camín Grande, que representa a afectados asturianos y gallegos por la línea de alta tensión Boimente-Pesoz, criticaba a la Xunta y al Principado por no responder a los escritos vecinales, ayer, la Delegación del Gobierno en Asturias convocaba el levantamiento de actas previas a la ocupación de varias fincas afectadas por la construcción de la línea eléctrica Pesoz-Salas, de 400 kilovoltios, la primera fase del proyecto que conectará Galicia con el centro de Asturias a través de una línea y de varias subestaciones.

De esta forma, la Delegación convoca a los propietarios y titulares de bienes afectados en los concellos de Allande y Tineo. La resolución fue publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado , dando así un nuevo paso en el proceso administrativo. Esta nueva fase, la del levantamiento de actas previas, precederá al de la ocupación definitiva en el expediente expropiatorio en el que Red Eléctrica de España, S.A. asume la condición de entidad beneficiaria.

Escritos a los ayuntamientos

Desde la asociación Camín Grande, que ha presentado alegaciones a las líneas Pesoz-Salas y Pesoz-Boimente, confirmaron ayer que están remitiendo escritos a los concellos afectados en Galicia y Asturias por el paso de la última línea para recabar su apoyo, ya que la consideran «innecesaria». Ésta es una petición de apoyo más que se suma a las entrevistas que han mantenido con los alcaldes de Taramundi, Villanueva de Oscos, Grandas, A Pontenova y A Fonsagrada.

Representantes de Camín Grande recordaron que para asesorar a los más de 200 socios afectados tienen contradados los servicios de especialistas jurídicos y ambientales en las distintas comunidades, atendiendo así a las distintas normativas en vigor.
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El 90% de las asociaciones apoyan el estudio del corredor enviado a Fomento, según la coordinadora.

Esperan contar próximamente con el apoyo del 10% restante con el objetivo de poder remitir el resto de la información al ministerio en un plazo aproximado de un mes. En la junta están representados los siete municipios afectados directamente por el trazado -Lourenzá, Mondoñedo, Alfoz, O Valadouro, Foz, Burela y Cervo- además de Riotorto y A Pontenova. Cada coordinador es el encargado de informar a las distintas asociaciones o colectivos de su ayuntamiento.

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La Xunta Coordinadora Pro Corredor da Mariña, integrada por un representante de una asociación por concello, confirmó ayer que el 90% de las asociaciones y colectivos mariñanos ya trasladaron su conformidad con un trazado orientativo del corredor que ya fue remitido por la junta a Fomento. Manifestaron su apoyo mediante un documento de adhesión al estudio, según informaron los representantes de la coordinadora en la reunión celebrada anteayer.

Esperan contar próximamente con el apoyo del 10% restante con el objetivo de poder remitir el resto de la información al ministerio en un plazo aproximado de un mes. En la junta están representados los siete municipios afectados directamente por el trazado -Lourenzá, Mondoñedo, Alfoz, O Valadouro, Foz, Burela y Cervo- además de Riotorto y A Pontenova. Cada coordinador es el encargado de informar a las distintas asociaciones o colectivos de su ayuntamiento.

Desde la junta creen que el trazado debe «beneficiar cara ao futuro á comarca mariñana no seu conxunto, evitando perxuizos innecesarios, asi como competencias localistas en detrimento da unión e colaboración tan necesaria dos concellos». Aseguran que la función de la junta «xurde ao considerar que esta obra solventará o illamento que historicamente ven separando a comarca, coa conseguinte perda de poder adquisitivo e benestar dos veciños en xeral, á espera de que os gobernantes de turno estean á altura de miras e entendan cal debe ser unha solución racional».

Tras la reunión, el portavoz de la coordinadora, Enrique Geada, recordó que el trazado que defienden parte de la conexión del corredor con la autovía del Cantábrico en el municipio de Lourenzá, para continuar por Oirán y A Frouxeira. Desde este punto, la plataforma plantea dos alternativas; desde el sur de A Frouxeira hacia San Acisclo, Moucide, Rúa y O Castelo, o desde el norte de A Frouxeira por Santa Cecilia, Moucide, Rúa y O Castelo.
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Un procedimiento para evitar el cierre de empresas.

Ventajas e inconvenientes de recurrir al Juzgado cuando las deudas ahogan al empresario.

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.Onte es la segunda empresa de entidad de la provincia que presenta en este año solicitud de procedimiento concursal, que unifica cuatro procedimientos anteriores, entre los que figuraban las antiguas suspensiones de pagos y las quiebras.

1¿Para qué sirven los procedimientos concursales? Su finalidad es la de permitir a las empresas que continúen en funcionamiento y no tenga que cerrar, pese a la falta de liquidez, salvo que el deudor (empresario), solicite la liquidación ante el Juzgado Mercantil para pagar a los acreedores hasta dónde llegue el activo. No siempre se consigue salvarla, pero hay casos en los que se dieron buenos resultados. Uno de ellos es IPV, en A Pontenova.

2¿Qué ocurre con los trabajadores en estos casos? Si la empresa continúa con su actividad necesitará a sus empleados, aunque es posible que no a todos. Lo habitual en estos casos son las regulaciones de empleo, que tramita el mismo Juzgado Mercantil, en lugar de los juzgados de lo social. Para buscar la viabilidad también puden recurrir a reducir la plantilla, a través de despidos incentivados.

3¿Qué posibilidades tiene la plantilla de cobrar? La Ley Concursal establece que los trabajadores son acreedores privilegiados. Sus derechos están reconocidos tanto en los denominados créditos concursales, que son las deudas contraídas antes de la admisión del procedimiento, como en los créditos contra la masa, que son los que se generan por la actividad que realiza la empresa en su nueva situación. Si entra dinero en la empresa serán los primeros en cobrar, antes que Hacienda o la Seguridad Social, que son los siguientes.

4¿Cuánto puede durar la tramitación? Un procedimiento concursal no concluye hasta que se cumple lo estipulado en el convenio. Hasta llegar a la aprobación de éste o a la fase de liquidación, y si no se producen problemas especiales en el camino, puede transcurrir menos de un año. Depende también de la agilidad de los juzgados. El de Lugo no está atascado y se caracteriza por ser el de Galicia que más convenios consiguió. Desde que entró en vigor la Ley Concursal se llegó a ocho.

5¿En qué consiste el convenio? Es una propuesta para tratar de salvar la empresa, aplazando pagos y reduciendo la deuda. Si la falta de liquidez es transitoria y el convenio viable es posible sacarla adelante con quitas y esperas. Las quitas suponen cobrar la deuda con una rebaja de entre el 30 y el 50%. Este último porcentaje es el máximo establecido por la ley. Las esperas suponen el cobro a un año, dos, tres y hasta cinco vista. El convenio lo tienen que aprobar acreedores que representen como mínimo al 50% de la masa pasiva. Sólo votan aquellos que tienen reconocidos créditos ordinarios.

6¿Qué ocurre si no se llega a aprobar el convenio? Se liquida la empresa. Se vende la masa activa y se reparte lo obtenido entre los acreedores, por orden de preferencia, dentro de una escala establecida. La liquidación también se lleva a cabo si una vez aprobado el convenio éste no se llega a cumplir por parte de la empresa.

7¿Son costosos los procedimientos concursales? Si lo son. La declaración del concurso, con la publicación urgente en el Boletín Oficial del Estado, las anotaciones registrales, los anuncios en los medios de comunicación pueden suponer un desembolso inicial de 3.000 euros. A ello hay que sumar el coste de los profesionales que son necesarios en la tramitación: abogados, procuradores, administradores concursales. Éstos últimos tienen derecho a retribución con cargo a los bienes y derechos.
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La Xunta avala el proceso de control de emisiones de Industrial Recense.

Junto a las dos plantas que Alcoa posee en la costa de Lugo, otras 22 empresas de la provincia conseguían la autorización otorgada por la Consellería de Medio Ambiente y que se hizo pública hace unos días. Entre otras está la planta de producción de leche pascual en Outeiro de Rei; Magnesitas de Rubián, en O Incio; Puleva Food, SL en Lugo; Co.A. GA. en A Pastoriza; Industrial Recense en A Pontenova; Leche Celta, en Meira y Cementos Cosmos, en Sarria.

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Tras un proceso de tres años, en el caso de Aluminio, y de dos, en el de Alúmina, la factoría de Alcoa en San Cibrao ha conseguido de la Xunta la denominada Autorización Ambiental Integrada (AAI), siguiendo las directrices marcadas por el desarrollo de la Lei 16/2002 de prevención y Control Integrados de la Contaminación, de forma que las instalaciones industriales deben disponer de esta autorización para poder desempeñar su actividad.

La AAI sustituye a las autorizaciones ambientales que se otorgaban de forma independiente hasta ahora. Este es un aspecto que destacaban ayer desde la compañía aluminera, redundando en las ventajas que suponen la tramitación de forma conjunta de todas las certificaciones y autorizaciones vinculadas al medio ambiente y su incidencia sobre el. Conseguir la AAI supone seguir un procedimiento que determina los «requisitos mínimos» que deben incluirse en todo permiso, en particular respecto a los vertidos de sustancias contaminantes.

Garantía para los vecinos

Desde Alcoa incidían en otro aspecto más importante para el conjunto de la sociedad. «La Autorización Ambiental Integrada es una garantía para los vecinos». Y los argumentos son dos.

Por un lado, dicen desde Alcoa, el control integrado de todos los aspectos relacionados con el medio ambiente «asegura que se han revisado todos los aspectos calves de los distintos procesos relacionados con el agua, el aire, los vertidos y los residuos».

La compañía aluminera entiende, por otro lado, que el proceso es garantía de transparencia. «Implica que se revisan todos los procedimientos productivos de la fábrica para asegurar que se utilizan las mejores técnicas disponibles para evitar o minimizar emisiones contaminantes al agua, el aire, o de residuos, en definitiva, para optimizar el control medioambiental de Alcoa».

Hay un punto más que destaca Alcoa de la obtención de la AAI, «la información se hace pública, a través de lo que se hace llegar a la Xunta».

Otras 22 empresas de Lugo

Junto a las dos plantas que Alcoa posee en la costa de Lugo, otras 22 empresas de la provincia conseguían la autorización otorgada por la Consellería de Medio Ambiente y que se hizo pública hace unos días. Entre otras está la planta de producción de leche pascual en Outeiro de Rei; Magnesitas de Rubián, en O Incio; Puleva Food, SL en Lugo; Co.A. GA. en A Pastoriza; Industrial Recense en A Pontenova; Leche Celta, en Meira y Cementos Cosmos, en Sarria.
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