Un total de 24 ayuntamientos de la provincia han aprobado ordenanzas que permiten la apertura de negocios mientras se tramita la licencia municipal. El propietario solo tiene que firmar una declaración responsable en la que asegure que su establecimiento cumple con la normativa vigente.
Concretamente, los municipios en los que ya han entrado en vigor las ordenanzas son los de Rábade, Xove, Sober, A Pastoriza, Burela, A Pobra do Brollón, A Pontenova, Cervo, Guntín, Portomarín, Paradela, Friol, Monterroso, Becerreá, Castroverde, Ribadeo, Begonte, O Valadouro, Trabada, Baralla, Ribas de Sil, Guitiriz, Vilalba y Pedrafita do Cebreiro. Además, los de Monforte, Sarria y Ourol tienen las normas en fase de tramitación.
Pueden acogerse todos los locales comerciales para los que la legislación no exija la presentación de un informe de impacto ambiental de la Xunta. El abanico de negocios es muy amplio, desde locales de hostelería a despachos de profesiones liberales, pasando por comercio minorista, peluquería y estética o alimentación.
También se incluyen explotaciones ganaderas, pero con un reducido número de reses y que, según los límites que marca la normativa, no precisen de declaración de impacto medioambiental.
La Diputación fue la promotora de la aplicación de esta normativa en los ayuntamientos lucenses, elaborando una propuesta de ordenanza que fue remitida a los 67 ayuntamientos de la provincia de Lugo.
LARGO PROCESO
El responsable del área de cooperación con los ayuntamientos, el diputado socialista Juan José Díaz Valiño, explicó que la directiva marco fue aprobada por la UE en enero de 2006, concediendo un plazo de tres años a los estados miembros para que adaptasen su legislación.
En España se esperó al último momento, el 2009, pero, en el caso de Galicia quedaba pendiente adaptar la normativa al ordenamiento jurídico autonómico. Se hizo en el 2010.
«Foi entón cando pensamos que era interesante trasladarlle a información ós concellos e 24 deles xa aprobaron a correspondente ordenanza», explicó Valiño.
GOBIERNO
El diputado socialista subrayó que «adiantámonos ó Goberno de Rajoy, que acaba de adoptar unhas medidas semellantes».
En el caso de la normativa estatal, «permítese incluso iniciar as obras antes de ter as licenzas, pero iso é discutible, porque as competencias en urbanismo son das comunidades autónomas e a cuestión podería acabar no Tribunal Constitucional, porque hai dúbidas legais neste aspecto», dijo.
El diputado señaló que esta iniciativa se enmarca en los planes del área de cooperación con los ayuntamientos para reducir la carga burocrática en las administraciones locales de la provincia.
Entre las medidas en este sentido que ya se han puesto en marcha, se refirió a la implantación de la administración electrónica en 49 municipios de la provincia, a través de la que ya se pueden llevar a cabo 143 trámites.
En las próximas semanas, la Diputación pondrá en marcha la factura electrónica, que permitirá reducir el plazo de pago a los proveedores. Primero funcionará en la entidad provincial y, a continuación, se ofrecerá a los ayuntamientos que ya tienen la administración electrónica. En el caso de la Diputación, el plazo de pago se reducirá de 32 a 22 días.
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